Publicado en: Las Puertas del Drama. (Revista de la Asociación de Autores de Teatro), 37 (2010): 3. (Especial: Programadores y autoría).
(Viene del n. 36).
Un mínimo decoro democrático impide a los políticos fantasear con la censura, incluso en sus sueños más lúbricos. Aun así, alguno habrá que se pregunte en las noches de insomnio: “¿qué sentido tiene ostentar el poder si no se puede ejercer el control?”. La erótica del poder se satisface con estas pornografías. Y salvo algún friki aún en activo, que ya ejerció la censura con Franco y puede que aún siga enganchado a su obsesión de “¡muerte al autor vivo!”, a nadie de la actual clase política se le ocurriría satisfacer estos bajos instintos. Otra cosa, ya, es que se remedien con ciertos sucedáneos que ni ellos mismos saben que lo son.
“La censura económica”, se dijo en la Transición, “será la sucesora de la censura administrativa”, y si bien es cierto que los objetivos empresariales pueden ser cortapisa de la creación, no va a ser la ciudadanía, ejerciendo su derecho a elegir en taquilla, la censura que deba preocuparnos. (La ideología de algunos empresarios tal vez sí, pero eso puede ser incluso saludable). Desde que se inventó la taquilla en los tiempos de Lope, “hablarle en necio para darle gusto” pudo ser una servidumbre, pero nunca un impedimento. De ahí la necesidad que tuvieron los poderes políticos y religiosos de potenciar la censura administrativa, trámite con el que impidieron a lo largo de estos siglos todo lo que fuera “disgusto” para ellos, por mucho “gusto” que le diera al “vulgo”.
Hasta que no se le puso puerta a los teatros, las representaciones eran íntegramente sufragadas por el poder. Y como la demanda condiciona la oferta, huelga decir cuáles eran los criterios de las programaciones. Cuatro siglos después, ante la imposibilidad de mantener activa la censura administrativa, y al socaire de un loable empeño democratizador, el teatro pierde en gran parte su carácter privado para convertirse de nuevo, en su mayor parte, en una actividad pública, de forma que serán los ayuntamientos, junto a las comunidades y al Estado, los nuevos mecenas de la actividad teatral. Un nuevo –o viejo– sistema en el que los poderes públicos, desaparecida la censura, y con ella la capacidad de prohibir, recuperan el control mediante la generosidad de programar.
Cuesta advertir la perversión de sistema –de hecho, puede parecer incluso progresista–, por lo que la ciudadanía, agradecida y sin apenas sospecharlo, se convierte así en público cautivo de estas programaciones que se le ofrecen a tan buen precio. Y con esto no estoy cuestionando la validez de los espectáculos, sino el sistema que los selecciona. Que el criterio de una persona, por muy preparada que esté –y aquí me ahorro todas las ironías–, suplante la opinión del colectivo no parece un sistema muy participativo, por más que esa persona haya sido nombrada por el político que ganó en las urnas.
Y es que el gestor cultural, figura imprescindible cuya atención debería centrarse en optimizar la vertiente económica de la cultura, por el solo hecho de su nombramiento queda supuestamente investido de unos conocimientos que tal vez no tenga –quién no sucumbiría ante semejante tentación–, y de ahí a pontificar hay solo un paso. Y esto no ocurre solo en el teatro, sino en toda la gestión cultural. En artes plásticas, que van a la cabeza de esta aberración, algunos comisarios –también los directores de ciertos museos– reivindican la autoría de su discurso expositivo, de forma que lo importante no son los cuadros expuestos, sino el orden en el que ellos los cuelgan. El arte de clavar alcayatas. Con lo que, a la postre, es su punto de vista el que sanciona, el que promueve, el que determina, en última instancia, qué tendencias serán santificadas.
En teatro no somos tan “modelnos”, aunque podríamos llegar a serlo si no se le pone remedio. Aquí las obras aún tienen vida propia –apenas existen “programaciones de autor”–; no obstante, los programadores, al hacer su trabajo, quiéranlo o no, inciden igualmente en el proceso de creación de unos espectáculos que deberán someterse a su criterio. Son los despachos y no los patios de butacas los que determinan qué teatro se debe hacer. De ahí que sea prioritario para toda política cultural que se considere progresista y no controladora poner los medios necesarios –las asociaciones de espectadores podrían ser la solución– para devolver a los ciudadanos –que, en definitiva, son los que pagan los espectáculos con sus impuestos– la capacidad de elegir.
(Continuará en el nº 39).
Jesús Campos García |
